La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, retiró el sábado un caso contra un médico de Utah acusado de falsificar certificados de vacunación contra la Covid-19 y destruir vacunas contra la Covid-19 proporcionadas por el gobierno por un valor de más de 28,000 dólares.
Bondi, en un anuncio publicado en X, mencionó que Michael Kirk Moore Jr., del condado de Salt Lake, Utah, no merecía la pena de prisión que enfrentaba. Moore fue acusado formalmente por un gran jurado federal en 2023 y su juicio comenzó a principios de este mes.
El Dr. Moore les dio una alternativa a sus pacientes cuando las autoridades federales se negaron a actuar. No merecía los años de prisión que enfrentaba. Hoy termina, dijo Bondi.
Covid-19 La administración Trump ha acogido con los brazos abiertos a los escépticos de las vacunas. El Pentágono, por ejemplo, ha intentado reincorporar a los militares que fueron expulsados por negarse a vacunarse durante la pandemia.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien durante muchos años ha sembrado dudas sobre la seguridad de las vacunas, a pesar de las pruebas y las investigaciones científicas, escribió en X en abril: "¡El Dr. Moore merece una medalla por su valentía y su dedicación a la curación!".
Según una declaración de 2023 de la Fiscalía de Estados Unidos en Utah, Moore presuntamente emitió certificaciones falsas en un centro de cirugía estética. Sus acciones incluían administrar inyecciones de solución salina a menores, a petición de sus padres, para que creyeran que estaban recibiendo vacunas contra la COVID-19, según el comunicado.
Marjorie Taylor Greene, legisladora estadounidense de Georgia y fiel partidaria de Trump, había defendido el abandono del caso contra Moore, a quien llamó un héroe en un comunicado el sábado.
La historia continúa debajo de este anuncio.
“Nunca más podremos permitir que nuestro gobierno se muestre tiránico bajo nuestra supervisión”, dijo en una publicación en X.
La última medida de Bondi se produce en medio del escrutinio de sus despidos de altos funcionarios del Departamento de Justicia que trabajaron en las investigaciones sobre Trump, lo que avivó las acusaciones de represalias políticas en un departamento cuya misión es implementar las leyes estadounidenses.
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